Todo esto, en medio de crecientes rumores de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Carlos Mesa.

Miles de campesinos, maestros y mineros, se enfrentaron a la Policía en su intento de ingresar a la Plaza Murillo, sede de los Palacios del Gobierno y del Parlamento.

En la vecina localidad de El Alto, que tuvo su segundo día de huelga indefinida, grupos de vecinos bloquearon otra vez la autopista hacia La Paz, varias vías internas y la carretera que la conecta con los departamentos de Oruro y Cochabamba.

Las demandas referidas al gas van desde una subida a la regalía del 18 al 50 por ciento que pagan las petroleras internacionales, hasta la nacionalización de los activos y las inversiones extranjeras, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El ambiente estuvo más caldeado ayer que en la víspera por el número superior de manifestantes que ocuparon las calles paceñas, unos 10.000 según la Policía, y el uso de cartuchos de dinamita cerca de la Plaza Murillo, donde los agentes antidisturbios usaron gases lacrimógenos y carros cisternas para repeler a los grupos radicales. Varios policías y manifestantes resultaron heridos en los enfrentamientos.

En ese clima continuaron circulando versiones sobre un golpe de Estado, aunque las Fuerzas Armadas ratificaron su respeto al poder constituido y al Presidente.

Uno de los líderes de las manifestaciones, el dirigente opositor y cocalero Evo Morales, dijo ayer en una conferencia de prensa que veía "un vacío de poder" porque Mesa no asumía las decisiones reclamadas por los movimientos sociales.

Según Morales, el desafío para aplacar las protestas es unir las reformas que piden los sectores movilizados en La Paz y El Alto con las de Santa Cruz, donde sus líderes regionales aprobaron el sábado pasado convocar sin aval de la ley a un referendo autonómico para el 12 de agosto.

La Paz
Efe